✅ La Rebelión catalana: El levantamiento violento que nadie vio | Diari Català Digital

Los jueces de instrucción, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han tenido que redefinir el concepto de violencia para poder sostener sus acusaciones.

Ayer comenzaron las exposiciones de las conclusiones definitivas de los abogados de la defensa en la Causa Especial 20297/2017, el juicio contra el “proceso catalán). Sería un trabajo sencillo si se tratara de un juicio penal “normal”, pero ha sido cualquier cosa menos “normal”. Este juicio es el núcleo de una operación del Estado español para destruir el movimiento independentista catalán.

Cargos por rebelión


En octubre de 2017, el fiscal del Tribunal Supremo José Manuel Maza decidió acusar a todo el Gobierno catalàn de rebelión, sedición y/o malversación de fondos públicos. La rebelión és uno de los delitos más graves que se contemplan en el Código Penal español y se castiga con una pena de hasta 25 años de cárcel, una pena pràcticamente equivalente a los atentados contra el Rey de España y la familia real española.

La rebelión es la concreción penal del golpe de Estado y requiere como elemento esencial la violencia. Es lógico: para poder deponer al gobierno de cualquier Estado defendido por sus fuerzas militares y de seguridad, el uso de la violencia es absolutamente necesario, y esa violencia, por regla general, seria empleada por las fuerzas rebeldes.

Definiciones de rebelión en España


La definición precisa del delito de rebelión es el elemento nuclear del proceso contra los líderes civiles y políticos catalanes que comenzó el 12 de febrero, hace ya 17 semanas. Hasta la reforma del Código Penal español en 1995, la palabra “violentamente” nunca había aparecido como requisito necesario del delito de rebelión. El esfuerzo de las acusaciones se ha basado, principalmente, en probar la existencia de la violencia necesaria para que se considerase que realmente se produjo una rebelión y, posteriormente, vincular, de una manera u otra, ese acto de violencia con los acusados. Si comparamos las similitudes y las diferencias entre el concepto de rebelión que se recoge en el Código Penal de 1973, en las postrimerías del franquismo y el actual Código Penal de 1995, se pone de manifiesto claramente el nulo alcance y la irrelevancia de las acusaciones, la desestimación de todas los recursos por parte de los acusados y los excesos en las conclusiones finales del Ministerio Fiscal.

Artículo 214 del Código Penal 1973

La única diferencia entre los primeros párrafos en los que se describen los elementos que constituyen el delito de rebelión en el antiguo Código Penal de 1973 y la edición de 1995, todavía vigente, es la clave en el juicio contra los presos políticos catalanes y el principal obstáculo para la acusación de rebelión que sostiene la Fiscalía. Hasta 1995, el requisito de “hostilidad pública y abierta” había permanecido invariable desde 1848, y se incluyó en las reformas de 1928, 1932 y 1944.

Diego López Garrido: Redactor del delito de rebelión


El jurista que redactó el delito de rebelión que se recoge en el Código Penal vigente, Diego López Garrido, ha criticado constantemente las acusaciones de rebelión contra Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Turull.:
“El delito de rebelión se incluyó en el Código Penal de 1995… con un requisito previo fundamental… la necesidad de violencia. Se trata de un levantamiento público y violento y, si no es así, entonces no se trata de una rebelión. Los hechos no encajan en la definición precisa y clara del artículo 472 del Código Penal, que dice que, para que exista rebelión, debe haber violencia, y que la violencia debe ser física y tangible, una violencia clara, un levantamiento violento. Esto no lo vi durante la declaración de indepencia proclamada por el Parlament de Catalunya” (Diego López Garrido)
Diego López Garrido es un jurista y político español. Fue Secretario de Estado para la UE en el MInisterio de Asuntos Exteriores, Portavoz parlamentario del PSOE, y anteriormente, uno de los líderes de Izquierda Unida. También es catedrático de Derecho Constitucional y experto en Derechos Humanos y Relaciones Europeas. En una entrevista con David Portabella en el diario “El Punt Avui” a finales de 2017, afirmaba lo siguiente:
“Para evitar interpretaciones erróneas, añadimos el término “violentamente”. Lo hicimos intencionadamente. Por eso no hay duda que es necesario demostrar que se produjo violencia real… en ningún caso se puede hablar de violencia imaginaria o hipotética”
“No hay rebelión… la rebelión sólo existe en la imaginación de Maza” (El Punt Avui, 31 de Octubre de 2017)
López Garrido sustituyó “levantamiento público y en abierta hostilidad contra el Gobierno” por “levantamiento público y violento”. Al hacerlo esperaba evitar cualquier mala interpretación de un concepto altamente ambiguo: “hostilidad abierta”, exigiendo la existencia de violencia “física y tangible” demostrable para que existiera la rebelión. Fue una decisión muy discutida, pero finalmente fue aprobada por todos los miembros de la comisión formada por miembros de todos los partidos y del Congreso de los Diputados, incluyendo al Partido Popular. Para evitar extralimitaciones del Estado, se eliminó la parte del artículo 217 que también consideraba “rebeldes” a quienes mediante “astucia o cualquier otro medio” pudieran ser acusados de este delito “sin levantarse contra el Gobierno” o “de forma distinta a la prevista”. El Código Penal de 1973 básicamente excluía la no violencia como elemento excluyente del delito de rebelión.

Artículo 217 Código Penal 1973

Aunque la acción no violenta está contemplada en el Código Penal de 1995 no aparece en la descripción de la rebelión. El término “sin levantamiento público” se utiliza en el subcapítulo sobre delitos contra las instituciones del Estado. Se consideran delitos graves de orden público:

La reforma de 1995 especifica claramente el tipo de violencia que deberían lleva a cabo los “rebeldes” en su intento de tomar el control del territorio:

Si los rebeldes “dirigen tropas o algún otro tipo de fuerza armada” se les advertirá que “desistan inmediantamente de su actitud”, en caso que hagan caso omiso, “la autoridad aplicará la fuerza de que dispone para dispersarlos” Si alguno de los “rebeldes” abriera fuego, no habría advertencias. El 1 de Octubre se dieron muy pocas advertencias antes que la “fuerza disponible” se utilizara para dispersar a los votantes.

Derramamiento de sangre


Las disposiciones sobre la rebelión siempre se han diseñado para castigar los levantamientos armados, por más que los jueces de instrucción, fiscalía y abogacía del Estado se empeñen que el detergente “Fairy”, las narices de payaso, las botellas de plástico y los aviones de papel sean armas mortales. Ya a principios del siglo XX, poco después que se modificara el artículo 248 del Código Penal de 1870 para incluir el concepto de “nación indivisible para castigar el “separatismo”, la necesidad de violencia quedaba suficientemente clara. Una sentencia de 1908 del Tribunal Supremo detallaba un escenario de rebelión que sería considerado punible:
“… pronunciar un discurso desde el balcón de una organización política, atacando la integridad de Patria, excitando a las turbas para que se independicen del resto de la Nación, siendo necesario lograrlo para rebelarse y derramar sangre para acabar con quienes se oponen al triunfo de tales ideas… dado que la integridad de la patria está siendo atacada y se produce agitación para romper la Nación, fuera de la ley y por medios violentos.”
Redefinir la “violencia”.
Conscientes que prácticamente todos los actos claramente violentos que se produjeron durante el otoño de 2017 fueron cometidos por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil y que no había absolutamente ninguna prueba de violencia que pudiera vincularse a los organizadores de las manifestaciones y al referéndum sobre la independencia celebrado en Catalunya el 1 de Octubre de 2017, los jueces de instrucción – primero José Manuel Maza y después Pablo Llarena – se vieron obligados a buscar definiciones alternativas de “violencia” y “fuerza” para el Caso Espacial 20907/17 y para que prosperase la acusación de rebelión y justificar la prisión preventiva de siete miembros del Govern de Catalunya y dos líderes de organizaciones civiles.
A lo largo de las acusaciones y las desestimaciones de las apelaciones presentadas, los jueces de instrucción se vieron obligados a reconocer que los hechos no se ajustaban a la definición legal del concepto “violencia”. En la denuncia original de Maza contra el gobierno catalán el 27 de octubre de 2017, dia en que se declaró la independencia y se aplicó el artículo 155 de la Constitución española, Maza sostenía que. aunque los líderes independentistas no mencionaban la violencia eran conscientes de “la superioridad numérica de los que se manifestaban con respecto a las fuerzas policiales presentes” y pretendían que se produjera “un efecto intimidatorio para impedir u obstaculizar seriamente la acción policial”. Estas movilizaciones, en la imaginación de Maza, se suponía que pretendían “usar la fuerza de la multitud para obtener la independencia”. En palabra de Maza: “eran el brazo civil del levantamiento”.

Maza se refirió a la concentración del 19 de septiembre ante la sede de la CUP como el inicio de “acciones violentas llevadas a cabo por independentistas contra funcionarios de la Guardia Civil”. La resistencia pasiva a las operaciones policiales y las protestas pacíficas y legítimas se convierten de repente en actos violentos para que sea posible demostrar la rebelión. Sostuvo que la “persistente actitud de los acusados” de celebrar el referéndum y la ocupación de las escuelas en los dias anteriores al mismo, inevitablemente “generaría situaciones de violencia y tensión”. Maza presenta cada acto de violencia policial del 1 de Octubre como un ejemplo de violencia independentista. A los ojos de Maza, los acusados habían “logrado su objetivo secesionista” mediante la “imposición violenta de sus objetivos”.

La paradoja es que no habían logrado su objetivo secesionista precisamente porque no estaban dispuestos a imponer violentamente este objetivo o “aceptar un escenario de violencia extrema con muertos en la calle” en palabras del entonces President de la Generalitat, Carles Puigdemont. Lo que Maza, Llarena, la Fiscalía y la mayoría de los ciudadanos españoles han decidido ignorar es el hecho que, en última instancia, las 40.000 personas que se concentraron ante la Conselleria d’Economia de la Generalitat el 20 de septiembre no impidió en ningún momento que la policía judicial llevara a cabo los registros y desempeñara sus funciones y que más de dos millones de votantes el 1 de octubre no respondieron violentamente a pesar de que más de un millar de sus conciudadanos resultaron heridos por los agentes de policía españoles. Si las multitudes reunidas hubieran actuado como verdaderos rebeldes, se hubiera producido una carnicería: 40.000 manifestantes contra un grupo de policías; más de dos millones de personas contra 10.000 policías y Guardias Civiles.

Tanto los manifestantes como los votantes – los supuestos “rebeldes” – atendieron las advertencias de sus líderes políticos y civiles. Los golpes de Estado que cuentan con el apoyo de más de dos millones de rebeldes no suelen fracasar. La mayoría de los golpes de Estado son rebeliones militares y no dependen del apoyo popular, sino del número de unidades militares que suman a ellos, del armamento a su disposición y del apoyo de gobiernos extranjeros. De hecho, paradójicamente, el Estado español está promoviendo actualmente un golpe de Estado de estas características en un país extranjero.

La Fiscalía General


El juez Llarena y la Fiscalía del Estado se han desviado muy poco de la hipótesis original de Maza, por difícil que sea probarla sin que haya indicio alguno de violencia tangible cometidas por los acusados o en su nombre. En la desestimación de Llarena del recurso de Joaquim Forn, admite que así es, pero continúa ampliando esta hipótesis en la medida de lo posible.
“Es cierto que no hay pruebas que el recurrente haya participado personalmente en la ejecución de determinados actos de violencia. Tampoco hay pruebas que haya dado órdenes directas a este respecto” “En esa situación, es previsible y muy probable que se produzcan enfrentamientos violentos.”
(Desestimación del Tribunal Supremo del recurso de apelación solicitando la liberación de Joaquim Forn) (02.02.18)
La tesis de la Fiscalía gira en torno a la idea de que, al alentar a los ciudadanos a manifestarse o votar, los líderes políticos y civiles eran responsables de cualquier acto de violencia que se produjera cuando la policía interviniese para disolver las manifestaciones o para impedir el referéndum. El fiscal Zaragoza reproduce fielmente el argumento de Maza y Llarena en su intervención
“Al Sr. Forn, al Sr.Junqueras y al entonces Presidente de la Generalitat se les informó que debían suspender el referéndum, no sólo porque era ilegal, sino también por la elevada probabilidad de que se produjeran incidentes violentos” (Fiscal Javier Zaragoza en sus conclusiones definitivas)

En los malabarismos lingüísticos de Llarena queda clara la intención de difuminar las definiciones legales para describir los acontecimientos del 20 de septiembre y del 1 de octubre. En el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018 intenta de nuevo justificar la acusación de rebelión y critica explícitamente la inclusión por parte de Diego López Garrido del término “violentamente” en lugar de la frase “en abierta hostilidad” “Nuestro legislador, al incluir en la descripción del delito el adverbio que modaliza la acción (violentamente) elude incorporar al tipo penal el sustantivo que se sugiere. Actúa violentamente quien lo hace de manera violenta, lo que no presenta un contenido típico plenamente coincidente con actuar con violencia”. (21.03.2018)

Violencia e intimidación potencial.


Llarena reconoce que la jurisprudencia caracteriza a la violencia “por su naturaleza física, su manifestación personal” y que esto “requiere el uso de la fuerza para los daños reales y presentes, en claro contraste con la intimidación” Sostiene que la manifestación del 20 de septiembre ante la Conselleria d’Economía cumple “todos los requisitos que se han identificado para un acto violento, e incluso para la violencia”. (Redefiniendo la violencia. Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo)
A lo largo del proceso, la Fiscalía ha insistido en la existencia de violencia por parte de los independentistas, sin poder aportar nada más que unos pocos incidentes aislados de bajo nivel, al mismo tiempo que argumenta que no es necesario hacerlo, ya que “el potencial de violencia” y “el ambiente de intimidación son suficientes”. La confusión en los argumentos de Fiscalía llevó a Zaragoza a acuñar un nuevo concepto: “la violencia pasiva”, que él mismo rechazó por “insostenible”.



De nuevo está recurriendo a conceptos erróneos del actual Código Penal o se remite a preceptos ya derogados. La “intimidación” se contempla en relación con otros muchos delitos, entre los que se incluyen los delitos contra la Corona – que incluyen el asesinato, el secuestro a la coacción de miembros de la familiar real – y los delitos contra las instituciones del Estado, que incluyen manifestaciones o intentos de asaltar esas instituciones. Pero estos conceptos no se contemplan en las secciones que tratan de la rebelión, o la sedición, y las penas previstas son insignificantes en comparación con las de la rebelión.
A veces, Zaragoza, parecía más preocupado por refutar la crítica generalizada del Caso Especial 20907/2017 que por exponer los argumentos de la Fiscalía. Al explicar por qué no se declaró el estado de sitio en septiembre/octubre de 2017, argumentó que la violencia en Catalunya no justificaba esta medida. “Para la rebelión no es necesario recurrir a la violencia grave ni a las armas” afirmó, a pesar de ser uno de los delitos más graves del Código Penal español.


Golpes de Estado y el golpe postmoderno


El uso de la expresión “golpe de Estado” para describir los acontecimientos del otoño de 2017 en Catalunya se ha convertido en un activo común de ciertos intelectuales españoles, los políticos unionistas y los principales medios de comunicación durante los últimos meses y ha sido repetido hasta la saciedad por los habituales del nacionalismo español. Sin embargo, sigue sorprendiendo escuchar la retórica vacía del “golpe posmoderno” en las conclusiones definitivas de la Fiscalía.

Zaragoza citó una interpretación del término “golpe de Estado” elaborada por el jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen en su Teoría Pura del Derecho para apoyar su argumentación. Sin embargo esta no es ni la definición estándar de la RAE utilizada para reformar los preceptos sobre la rebelión en 1995 ni lo que la mayoría de los españoles entienden sobre ese término. Zaragoza se olvidó de mencionar el golpe militar que se produjo en España los dias 17 y 18 de julio de 1936, que derivó en una guerra civil que se prolongó hasta 1939. Tampoco hace mención en las similitudes entre Franco y Adolf Hitler. Además, se produce la curiosa coincidencia que el mismo dia en que Javier Zaragoza deleitaba al Tribunal Supremo con sus alegatos finales, otra Sala del mismo Tribunal posponía la retirada de los restos del general Franco del Valle de los Caídos y se refiriera al líder rebelde nacionalista como Jefe de Estado legítimo de Espña a partir del 1 de octubre de 1936, deslegitimando totalmente al gobierno republicano democráticamente elegido.

Los independentistas catalanes han tenido que soportar costantemente comparaciones con los nazis durante los últimos años. Todo esto forma parte de la narrativa “constitucionalista” que está siendo difundida por todo el mundo por el Ministerio de Asuntos Exteriores de José Borrell y sus secuaces. Por si esto no fuera suficiente para commocionar a los observadores internaciones que han asistido al Juicio a los presos políticos catalanes en el Tribunal Supremo español, el fiscal Fidel Cadena aportó el argumento que la violencia física no es necesaria para la existencia de la rebelión, es suficiente con la intimidación. Tal vez recordaba su defensa del Teniente Coronel Tejero por otro golpe de Estado militar: el levantamiento armado del 23 de febrero de 1981, conocido como “23-F”.
“La existencia de violencia física se limita al bloqueo y el forcejeo con el general Gutiérrez Mellado, que en paz descanse, por lo que sería discutible que este levantamiento militar del 23-F constituyera una rebelión” (Fiscal Fidel Cadena durante el juicio del 23-F)



El argumento que lo que ocurrió en Cataluña durante septiembre y octubre de 2017 se puede equiparar a lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981, es una propaganda política disparatada que hemos escuchado repetidamente durante la última campaña electoral por parte de los candidatos más extremistas del nacionalismo español. En el 23-F participaron militares rebeldes, policías armados y tanques. Las conclusiones de la Fiscalía incluían algunas ideas demenciales según los estandares de cualquier persona normal.

Lo que sí tienen en común el 23-F y el 1-O es la posterior aparición en la Televisión española de los Reyes de España. Juan Carlos I en el 23-F y su hijo Felipe VI en el 1-O.

Conclusiones definitivas


Las conclusiones definitivas de la Fiscalía fueron generalmente vagas, muy políticas y prestaron escasa atención a la letra de la ley. Los fiscales no sólo no han demostrado en absoluto que los líderes catalanes dirigieran un levantamiento violento, sino que tampoco han conseguido demostrar que se hubiera producido un levantamiento de estas características. Finalmente no quedó claro cuándo y dónde había tenido lugar este supuesto golpe de Estado, este levantamiento violento, esta violenta rebelión.


Desde el punto de vista de los unionistas españoles, las disposiciones sobre rebelión no son las más adecuadas para su propósito, y este propósito no es otro que detener el independentismo. Este encaje imperfecto entre el Código Penal de 1995 y los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017 no han pasado desapercibidos ni siquiera para el presidente del gobierno español Pedro Sánchez. En su opinión, el tipo penal de rebelión está diseñado para los golpes militares y “no corresponde al tipo de rebelión que se ha producido en los últimos meses”.


La Causa Especial 20907/2017 ha sido un típico caso de “Traje nuevo del Emperador” excepto que en esta versión española, el traje del Emperador es viejo y deshilachado, una resaca de 1973,1944,1932,1928,1870, 1848, o incluso 1822. Se podría decir que España es una democracia avanzada y madura donde el Estado de derecho es sagrado, pero la pregunta es: ¿qué derecho?. La realidad es que, para bien o para mal, el independentismo catalán eligió una via pacífica y cuando llegó el momento de la verdad, no estaban preparados para culminar el proceso: no estaban preparados para la violencia. Sin una fuerza armada y bajo la amenaza de las fuerzas armadas españolas, dieron un paso atrás. Sin un liderazgo político o civil claro, el pueblo tampoco estaba preparado para culminarlo.


Tal como señaló en sus conclusiones el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde: “Ustedes confunden desobediencia y rebelión”.

POR MILFORD EDGEBarbaryfigs.com English Version Traducción Xavier Domènech

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