▷ Contundente artículo de una revista de leyes de EEUU sobre el “Juicio del Procés”?

La revista de EEUU Courthouse News Service  con sede en California destinada a Juristas y abogados de todo el mundo, ha publicado un contundente artículo en referencia al “Juicio del Procés” y al polémico papel del estado español y su relación directa con la elección del aparato judicial.

Texto íntegro del artículo:

All Eyes on Spanish Judiciary in Trial of Catalan Politicians (Juicio de los políticos catalanes, todos los ojos puestos en el poder judicial español)
Cain Burdeau January 28, 2019

(Courthouse News reporter Cain Burdeau is based in the European Union.)

El poder judicial español que, según algunas voces críticas, está demasiado influido por los partidos políticos que dominan el país, será objeto de una intensa vigilancia durante los próximos meses, ya que en su Tribunal Supremo se lleva a cabo un juicio políticamente explosiva contra líderes independentistas catalanes acusados de rebelión y sedición. Se espera que este histórico juicio empiece alrededor del día 5 de febrero y que se prolongue durante unos tres meses, en los que se recogerán los testimonios de centenares de testigos y expertos.

La sentencia está prevista para el mes de agosto, según informa “El País” un periódico español. En total, serán juzgados 12 líderes implicados en la decisión fallida e ilegal del Parlament de Catalunya que en 2017 proclamó la independencia de Catalunya. Se les acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos y pueden ser condenados a penas de prisión de hasta 25 años. “Sería sorprendente una sentencia de culpabilidad, pero es posible, no la descarto”, declaró Emily Eklundh, profesora de política española e internacional del King’s College de Londres durante una entrevista telefónica con Courthouse News. “Si les declaran culpables, tendrá una gran repercusión en las futuras relaciones entre Catalunya y España”, dijo.

Por el contrario, un veredicto de inocencia “podría rebajar la tensión entre ambas comunidades y permitiría pasar página”, añadió. “La decisión de los fiscales de presentar cargos de rebelión és muy controvertida. Según la ley española, la rebelión implica el uso de la violencia o la amenaza de la misma. Sin embargo, el movimiento independentista catalán se ha manifestado, prácticamente siempre, de una manera no violenta”. Andrew Dowling, profesor de Historia de España en la Universidad de Cardiff, declaró que la última vez que alguien se enfrentó a una acusación de rebelión en España fue a causa del fallido golpe de Estado militar del 23 de febrero de 1981, cuando fuerzas de la Guardia Civil retuvieron como rehenes a los miembros del Congreso de los Diputados durante casi un día mientras los tanques rodeaban la ciudad portuaria de Valencia. “Sería necesaria una acrobacia legal para justificar las acusaciones de rebelión contra los líderes catalanes”, dijo Dowling en el curso de una entrevista telefónica.

La declaración unilateral de independencia de Catalunya se produjo después de un referéndum que se celebró el dia 1 de Octubre de 2017, que el Tribunal Constitucional español declaró ilegal. El gobierno español envió un gran contingente de agentes de policía para impedir la celebración del referéndum. Los policías irrumpieron por la fuerza en los colegios electorales e impidieron violentamente que la gente emitiera su voto. Poco después las autoridades españolas procedieron a detener a los líderes independentistas.

Más de un año después de los hechos, el juicio plantea nuevos interrogantes sobre el trato que España dispensa a los líderes catalanes – algunos de ellos llevan más de un año en prisión preventiva – y sobre todo, si se puede confiar en que el poder judicial español garantice un juicio imparcial y libre de influencias políticas. Mucha gente en España está convencida que el sistema judicial carece de legitimidad, en gran parte debido a los escándalos judiciales que han extendido la sospecha entre los ciudadanos que los tribunales están llenos de jueces excesivamente subordinados a los partidos dominantes en España – El Partido Popular (conservador) y, en menor medida, el Partido Socialista Obrero Español. En el proceso contra los líderes catalanes, este hecho es de gran importancia ya que los dos grandes partidos se oponen radicalmente al movimiento independentista de la región.

El poder legislativo y ejecutivo – es decir, los políticos – eligen a los jueces que forman parte del Tribunal Constitucional, el mismo tribunal que declaró ilegal el referéndum sobre la independencia de Catalunya. El poder legislativo elige también a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, órgano que nombra a los magistrados del Tribunal Supremo.

Los poderes legislativo y ejecutivo -es decir, los políticos- eligen a los jueces que forman parte del Tribunal Constitucional, el mismo tribunal que declaró ilegal el referéndum sobre la independencia de Cataluña. El poder legislativo también elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, órgano que nombra a los jueces del Tribunal Supremo. Dowling acusa al Partido Popular, contaminado durante mucho tiempo por escándalos de corrupción, de erosionar la independencia del poder judicial durante su reciente mandato mediante el nombramiento de jueces “leales al partido, para que trataran de influir en los casos de corrupción que involucraban a sus miembros”.

“Hay evidencias suficientes de que ha existido una manipulación del poder judicial español para tratar de encontrar jueces favorables”, dijo. “Esto alimenta las sospechas de que no será un juicio justo y que los acusados acabarán siendo condenados independientemente de las pruebas”. “Por desgracia, es muy probable que la decisión sobre la sentencia esté ya tomada y que los presos sean condenados a muchos años de cárcel”, declaró Aleix Sarri Camargo, coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno de Catalunya, en un reciente artículo de opinión de Euronews. Los líderes catalanes encarcelados argumentan que no se deberían haber presentado cargos por organizar un referéndum y se consideran víctimas de persecución política. “En una democracia, nadie debería ser encarcelado por poner urnas”, dijo Oriol Junqueras, en una reciente entrevista. Junqueras lleva 15 meses en prisión preventiva y está convencido que el juicio no será justo. Amnesty International y juristas de todo el mundo han pedido a España que retire los cargos y libere a los acusados que se encuentran en prisión a la espera de juicio.


Los catalanes independentistas comparan su causa con las grandes luchas por los derechos civiles, por el sufragio femenino, la descolonización, la lucha contra el apartheid y el movimiento por los derechos de los homosexuales. Sin embargo, se puede observar que hay ciertas diferencias. No se puede decir que Catalunya y su capital, estén sufriendo graves injusticias – de hecho Catalunya és una de las regiones más prósperas de España – sus reivindicaciones tienen más que ver con el sentimiento de represión cultural y el saqueo de sus arcas por parte del gobierno central español en Madrid.


Sin embargo, hay que reconocer que el movimiento independentista catalán ha ganado muchos partidarios en todo el mundo, entre ellos Noam Chomsky, el famoso lingüista y activista político estadounidense. La defensa quiere que Chomsky declare en el juicio por su condición de experto. También, la semana pasada, el PEN International, un organización que apoya a los escritores, hizo pública una declaración en la que pedía a España la inmediata liberación de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, líderes de dos grupos culturales pro-catalanes que llevan encarcelados desde octubre de 2017 por su apoyo a la causa de la independencia. Ambos son escritores y se han convertido, para muchos, en el símbolo de la injusticia.

Recientemente algunos de los presos catalanes se declararon en huelga de hambre para llamar la atención sobre su difícil situación. “Las autoridades españolas deben retirar los desproporcionados cargos de rebelión y sedición contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y dejarlos en libertad inmediatamente”, manifestó el PEN International.


Las autoridades españolas rechazan las acusaciones sobre la falta de independencia del poder judicial. La Oficina de Prensa del TS hizo público el pasado lunes un comunicado asegurando que el poder judicial es independiente de la política. Como prueba de ello, se refirieron a las condenas de tribunales españoles a Rodrigo Rato, y a otras personas vinculadas con el Partido Popular, acusadas de corrupción. Estos escándalos provocaron la caída, el año pasado, del Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy.


Muchos ciudadanos españoles se oponen a la independencia de Catalunya, y comparan el referéndum y la declaración de independencia a un golpe de estado. Por tanto, muchos españoles están ansiosos por ver como los independentistas son juzgados por los tribunales. En Cataluña, las opiniones sobre la secesión están divididas, algunas encuestas afirman que muchos de los residentes no quieren que Catalunya se convierta en una nación separada. La región goza de una amplia autonomía y su población está formada por muchas personas provinentes de otras regiones españolas.


Por su parte, las autoridades españolas afirman que las acusaciones son las adecuadas. La Fiscalía acusó a los secesionistas catalanes de “intentar forzar al Estado a aceptar la separación de ese territorio, objetivo que estuvieron a punto de lograr. También aseguran que los líderes independentistas estaban dispuestos a utilizar la violencia para alcanzar su objetivo”. Durante el juicio se espera que agentes de policía que fueron enviados para impedir el referéndum testifiquen que resultaron heridos, para así poder justificar que hubo enfrentamientos. Las defensas argumentarán que la policía fue la única que cometió actos de violencia.


Con tantas dudas sobre la imparcialidad del juicio. Grupos de abogados y defensores de los derechos humanos se estan preparando para supervisar el proceso. Amnesty International ha pedido al TS que le permita actuar como observador internacional. Además la organización Trial Watch-Catalan Referendum Case se está preparando para asegurar la imparcialidad del juicio. “Creo que tendría que ser un juicio justo, más que nada porque los ojos del mundo estarán puestos en él”, dijo Dowling. “El principal problema es resolver si las acusaciones están justificadas”. El veredicto del Tribunal Supremo puede ser recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Pero los veredictos de culpabilidad también pueden revocarse mediante indultos”, añade Dowling.

Traducción: Xavier F. Domènech

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