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✅ Marchena denunciado por su presunta vinculación mercantil con el abogado que se querelló contra Puigdemont

✅ Marchena denunciado por su presunta vinculación mercantil con el abogado que se querelló contra Puigdemont
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Los problemas se le acumulan al Juez Marchena, esta semana ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el juez Fernando Presencia, denunciará a Manuel Marchena Gómez, por sus vinculaciones mercantiles con una empresa del abogado que se querelló contra el President Carles Puigdemont, Nicolás González-Cuéllar Serrano.

Según informa Diario16, en su página web puede leerse, “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna”, que es una empresa de edición, distribución y venta de libros especializados en Ciencias jurídicas y sociales, así como relativos a temas de actualidad, que comenzó su actividad con la obra «Ecos de Inquisición», del Catedrático de Derecho Procesal y Abogado Nicolás González-Cuéllar Serrano (administrador único de la sociedad), con prólogo del Magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena Gómez”. Bajo la pestaña de la misma página web  “CONSEJO EDITORIAL”, vuelve a aparecer como uno de sus integrantes el nombre del actual presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo que está juzgando la causa del ‘procés’.



Su colaboración mercantil con la empresa “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna”, de la que  Manuel Marchena Gómez figura como miembro de su Consejo Editor y también como marca de la actividad mercantil, es absolutamente incompatible con la carrera judicial, además hay que tener en cuenta esta empresa editorial se constituyó para editar y publicar los libros de los integrantes de su consejo editorial, y entre ellos los libros del propio Marchena.

Según datos del registro mercantil, Nicolás González-Cuéllar figura como socio único de la empresa “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL”, que se constituyó en el año 2014 coincidiendo con el nombramiento de Manuel Marchena como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que en los tres años siguientes (desde el año 2015 al 2017) facturó más de 400.000 euros.

Según adelanta Diario16, el problema es que las relaciones de Manuel Marchena con la empresa “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL” no están nada claras, y deberían de investigarse por el Consejo General del Poder Judicial.

Esta “relación mercantil le puede representar un verdadero quebradero de cabeza a Marchena, porque, si bien es cierto que puede ser autor de libros y publicaciones, y puede celebrar sobre ellos contratos de edición con terceros, también es cierto que por ser miembro de la carrera judicial no puede ser su propio editor. Si a ello le añadimos que la empresa editorial “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL” de la que Manuel Marchena forma parte de su Consejo Editor y es además su marca, facturó en los años 2015, 2016 y 2017 más de 400.000 euros, la polémica está servida.

Según Diario16, otra de las sutuaciones que hacel el problema más grande es que Marchena no ha escrito los libros de esa editorial que aparecen con su nombre, o no todos ellos. Todos los libros en los que aparece como coautor Manuel Marchena, que son 4 (1/3 del total de las publicaciones de “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL”), fueron publicados en un solo año, en el 2015 con una diferencia a veces de un solo mes, y alguno de ellos sobre materias (como el proceso civil o la ley orgánica del poder judicial) que no son ni de lejos la especialidad de Marchena, que proviene de la carrera fiscal.

Por esta misma razón, por llevar a cabo “una actividad empresarial en toda regla” fue expulsado de la carrera fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniaín, ex teniente fiscal de Madrid, como consecuencia de las constantes denuncias del abogado Sebastián Gómez Marfil.

El artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sanciona como falta muy grave, pudiendo estar castigada con la expulsión de la carrera judicial, el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado establecidas en el artículo 389 de la misma ley, donde se menciona expresamente “el ejercicio de toda actividad mercantil, por sí o por otro” y “las funciones de Director, Gerente, Administrador, Consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género”, entre cuyas funciones se encuentra desde luego la de quien es miembro del consejo editorial de una empresa de edición.

Fuente Diario16
Martha Golfín

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