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šŸ”“ Un exconsejero del PP admite que saqueĆ³ ayudas a la cooperaciĆ³n internacional : “7,8 millones de euros”

šŸ”“ Un exconsejero del PP admite que saqueĆ³ ayudas a la cooperaciĆ³n internacional : “7,8 millones de euros”
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Javier Boix, abogado del exconsejero valenciano Rafael Blasco, estampĆ³ ayer su firma en un acuerdo con la FiscalĆ­a AnticorrupciĆ³n por el que el antiguo dirigente del PP reconoce que se valiĆ³ de su cargo para malversar decenas de subvenciones de la Generalitat valenciana destinadas a proyectos de ayuda al desarrollo, incluida la construcciĆ³n de un hospital en HaitĆ­ despuĆ©s del devastador terremoto de 2010, que nunca se llevĆ³ a cabo. El Gobierno autonĆ³mico ha estimado aquel fraude que ahora juzga la Audiencia de Valencia en 7,8 millones de euros.


El exconseller Rafael Blasco (d) y Cesar Augusrto Tauroni (i),durante uno de los juicios por el desvĆ­o de fondos de la Generalitat valenciana.

SegĆŗn informa El PaĆ­s, la confesiĆ³n de Blasco, que ya ha cumplido cuatro aƱos de cĆ”rcel por la primera pieza separada del caso, tiene un precio: la FiscalĆ­a ha aceptado reducir a tres aƱos y medio de prisiĆ³n la peticiĆ³n de 16 aƱos que formulĆ³ inicialmente en su escrito de acusaciĆ³n. El ministerio pĆŗblico tambiĆ©n ha rebajado ostensiblemente la cantidad de dinero que exigĆ­a al exdirigente del PP. En vez de 3,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil ā€”que le reclamaba de forma solidaria junto a los otros dos supuestos cabecillas de la tramaā€”, el fiscal se conforma con que el exconsejero entregue dos inmuebles. Una planta baja situada en L’Eixample de Valencia, una de las zonas mĆ”s caras de la ciudad, tasado por Blasco en 600.000 euros. Y una finca rĆŗstica en el tĆ©rmino municipal de Carcaixent, cuyo valor declarado, admiten fuentes de AnticorrupciĆ³n, no alcanza los 200.000 euros y vale probablemente menos.

Las condiciones del acuerdo fueron consideradas demasiado ventajosas para las otras dos acusaciones presentes en el juicio, la Generalitat, en calidad de perjudicada, y la Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusaciĆ³n popular. Ambas rechazaron sumarse al pacto y solicitaron a la SecciĆ³n Quinta de la Audiencia de Valencia que mantenga la celebraciĆ³n del juicio oral, seƱalado en principio hasta finales de julio. Los jueces decidirĆ”n el jueves si acortan o no las vistas, tras examinar los acuerdos de conformidad alcanzados entre la FiscalĆ­a y los 24 acusados.

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