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✅ La sospechosa carrera del líder del PP de Aragón en la Rey Juan Carlos

✅ La sospechosa carrera del líder del PP de Aragón en la Rey Juan Carlos
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Luis María Beamonte sacó Derecho en 2017 en la URJC a los 35 años de empezar los estudios, con 45 convalidaciones, y luego ha mentido sobre ello: ocultó el título tras los escándalos de Casado y Cifuente

El caso del “Máster Cifuentes” y el de Casado no son los únicos que salpican la transparencia del Partido Popular, el presidente del Partido Popular en Aragón, candidato a la presidencia de la comunidad en las próximas elecciones autonómicas y miembro de la ejecutiva nacional del partido, Luis María Beamonte, terminó en 2017 su carrera de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, 35 años después de empezarla, gracias a dos sobresalientes en sendas asignaturas pendientes, los únicos de su carrera, y 45 convalidaciones. Así consta en su expediente académico, al que ha tenido acceso este periódico. Pero, por alguna razón, Beamonte ocultó que posee este título tras los escándalos de la universidad madrileña en 2018. En septiembre del año pasado incluso negó públicamente ser licenciado.

Fue a raíz de una información de El Heraldo de Aragón, que le acusó de mentir en su currículum al decir que tenía la carrera de Derecho, dado que era conocido en Zaragoza que nunca llegó a acabarla. ¿Qué hizo entonces el líder del PP aragonés? Beamonte no exhibió su expediente de la URJC para desmentir al diario, al contrario, se lo calló: dijo que la noticia era cierta, que nunca terminó la carrera y que había sido un error del currículum. Es decir, ocultó su título en la URJC y prefirió pasar por un mal estudiante y por alguien que había inflado su currículum. ¿Por qué? “Fue un error, lo reconozco, fue algo muy mal administrado por mi parte, y he me arrepentido, pero en ese momento, con los escándalos que había en la Rey Juan Carlos, me pareció lo mejor, esa es la verdad, que era un follón innecesario. Fue por eso, pero no tengo nada que ocultar, me matriculé e hice dos exámenes”, admite. Niega cualquier trato de favor. Sobre las razones para matricularse, explica que siempre quiso terminar la carrera porque fue algo que le prometió a su padre y era la última oportunidad, porque la licenciatura de Derecho se iba a extinguir definitivamente.

Sin embargo hay varios aspectos anómalos en este caso, el primero de la URJC que no tiene nada que ver con el polémico Instituto de Derecho Público (IDP) de Enrique Álvarez Conde, donde estallaron los escándalos de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. Y esta vez en una licenciatura, no ya en un máster. La universidad, por su parte, no entra a valorar el caso y no ha respondido a la mayoría de las preguntas de este diario. Replica que “como entidad pública, no puede dar ninguna información en lo referente a los expedientes de sus alumnos porque contravendría la actual legislación sobre la protección de datos”.

Según informa El País, Beamonte sacó casi toda la carrera de Derecho entre 1982 y 1989 en Zaragoza, pero no llegó a terminarla. Luego se matriculó en la UNED en 2007 y 2015, pero solo hizo convalidaciones y no aprobó más asignaturas. Cuando obtuvo la licenciatura en la URJC ya era un título antiguo extinguido desde hacía años: ya no se ofertaba ni había clases. Solo se realizaban las últimas convocatorias de exámenes para alumnos que arrastraran alguna asignatura pendiente, antes de la eliminación del título. Pero el dirigente popular nunca había estado matriculado en esa universidad. De hecho fue inscrito bajo la denominación “Grupo Especial”, un grupo en el que solo estaba él, para examinarse de las únicas dos asignaturas que no le convalidaron, Derecho Tributario y Financiero I y II, según consta en las actas de la convocatoria de enero de 2017, a las que ha tenido acceso este periódico. Había otros alumnos de la antigua licenciatura con asignaturas pendientes, como Beamonte, pero todos los demás grupos eran los de estudiantes matriculados anteriormente: grupo de mañana, de tarde o único. Según su expediente, superó los dos exámenes con un nueve.

En cuanto al elevado número de convalidaciones, fuentes académicas de la URJC y de la Universidad Complutense explican que la convalidación suele ser un trámite severo y lleno de obstáculos, no basta el certificado académico de la universidad de origen. Se exige también el plan de estudios sellado y el programa de cada asignatura que se desea convalidar, con el temario y el contenido, para que se pueda comprobar si son equivalentes. Además es un trámite burocrático complejo que puede llevar meses y debe aprobarlo una comisión. Beamonte confirma a este periódico que solo mandó su certificado y no presentó más documentación. Trasladó el expediente a Madrid el 27 de octubre de 2016 y se examinó en enero de 2017.

Hay más. De esas 45 convalidaciones una buena parte puede corresponder de forma coherente con el grueso de los estudios que ya había realizado, pero es un número muy superior a las que aprobó en su día en Zaragoza: tenía 23 asignaturas aprobadas en cinco cursos de Derecho, según el plan de 1953. Luego en la UNED le convalidaron 11 más, ya para el plan de 2000. En total, suman 34. Aun así le seguían quedando pendientes cuatro materias: Derecho Financiero y Tributario I y II, que en la URJC aprobó con sendos exámenes, pero también Derecho Eclesiástico del Estado y el Practicum. En el centro madrileño la primera aparece como “convalidada” y el Practicum, un periodo de experiencia en un despacho de abogados, como “reconocido”. Beamonte explica que como prácticas acreditó unos cursos de urbanismo, otros en el IES y en la Escuela de Práctica Jurídica de Zaragoza, y el trabajo en una asesoría de empresa. Pero la URJC no admite cualquier práctica, sino las realizadas en bufetes que tienen convenios con la universidad.

Por otro lado, hay al menos 7 asignaturas convalidadas sin una correspondencia clara y aparente con ninguna de las que Beamonte cursó anteriormente, por su especifidad: Introducción a la Contabilidad para Juristas, Derecho Documental, Informática y Derecho, Humanidades, y sobre todo tres materias relacionadas con el derecho comunitario europeo. Porque es imposible que Beamonte las estudiara en los ochenta: aún no se ofertaban y España entró en la UE en 1986. Son Historia Jurídica de la Integración Europea, específica de la URJC; Instituciones de Derecho Comunitario; y Derecho Penal Internacional y Comunitario.

Beamonte acabó la carrera en enero de 2017 e introdujo de inmediato su nueva condición de licenciado, sin citar la universidad, en su currículum oficial. Fue el que presentó en el congreso regional del PP de febrero de 2017, en el que salió elegido presidente. Hasta entonces solo figuraba que tenía “estudios en Derecho”. Sin embargo, los escándalos en la Rey Juan Carlos, a partir de marzo de 2018, colocaron el historial académico de los políticos en el punto de mira y fue entonces cuando tuvo que dar explicaciones de su licenciatura. Es el momento revelador en que el Heraldo de Aragón, en septiembre de 2018, le acusa de falsear el currículum y él decide ocultar su paso por la URJC.

Beamonte conocía a muchos profesores de la URJC porque esta universidad organiza desde hace 15 años un curso de verano en Tarazona, donde él es alcalde. Por allí han pasado muchos docentes de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde luego acabó Derecho. Entre ellos, el catedrático Rogelio Pérez Bustamante, que abrió el curso en julio de 2016: tres meses después Beamonte dio el salto a la URJC y el profesor que le examinó fue su hijo, David Pérez Bustamante. “Ni me acuerdo de ese señor, porque por los cursos pasa mucha gente, y me entero ahora de que era padre del profesor”, asegura el dirigente popular. Explica que nadie le sugirió matricularse en la URJC, sino que la eligió tras buscar por internet dónde era posible aún acabar su licenciatura. Después recuerda que habló con el vicerrector de alumnos, que entonces era José Ramón Monrobel.

El profesor que le examinó, David Pérez Bustamante, se ha negado a dar detalles a este periódico, porque la información de un alumno es reservada, pero sí puntualiza: “Yo a este señor Beamonte no le conozco de nada, si hizo ese examen lo haría con normalidad. Ya sé lo que puede parecer desde fuera, que mi padre me lo mandó o algo así, pero debo decir que la relación con mi padre es inexistente, por cuestiones personales, eso lo sabe cualquiera en la universidad”. Beamonte afirma que le asignaron el profesor, no lo eligió, entre los 14 del departamento. Fuentes del departamento de esa asignatura explican que viene impuesto desde el rectorado. El rector era Fernando Suárez, que pasó al menos tres veces por los cursos de Tarazona y es conocido por haber sido acusado de 15 plagios, un caso que también salpicó a Rogelio Pérez Bustamante.

Hay otros lazos de Beamonte con la URJC. El director del curso Ciudad de Tarazona, Ignacio Ruiz Rodríguez, también profesor de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, dirige la cátedra España-Israel de la URJC. Fue creada en 2012 por el entonces rector Pedro González Trevijano, al frente de la universidad de 2002 a 2013 y ahora miembro del Tribunal Constitucional. Beamonte también formaba parte de este organismo como presidente de la Diputación de Zaragoza. Otro de los pesos pesados de la cátedra era el controvertido Enrique Álvarez Conde, exdirector del IDP, que de hecho presidió el acto inaugural junto al rector.

El otro curso de verano de renombre en Tarazona es el organizado por FAES y el PP aragonés. Por él también pasaron varios profesores de la URJC, empezando en 2009 por González Trevijano. Él y su sucesor, Fernando Suárez, son los dos pilares del control de la universidad en las últimas décadas como estructura de poder clientelar.

Tras el escándalo del máster de Pablo Casado, que obtuvo sin ir a clase con la convalidación de 18 de las 22 asignaturas y cuatro trabajos, la URJC ya investigó su licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE), cursada entre 2007 y 2014, pero concluyó que no había irregularidades. En cuanto al máster, el Tribunal Supremo apreció un “trato de favor”, pero rechazó la petición de procesamiento cursada por el tribunal que investigó el caso.

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