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Rechazadas las querellas de Vox contra el juez belga y contra Puigdemont

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha rechazado las querellas interpuestas por VOX y por la Asociación Movimiento 24DOS contra la juez belga que citó al juez Pablo Llarena en el marco de la causa del procés y contra Carles Puigdemont , varios de sus consellers, y el abogado Gonzalo Boyé por delitos de rebelión y alternativamente sedición, contra la paz e independencia del Estado, prevaricación judicial, usurpación de funciones, falso testimonio, falsedad documental y estafa procesal.

El auto de Tardón descarta la competencia de la jurisdicción española para entrar a examinar la actuación de la juez belga por los mismos argumentos por los que se debe excluir la revisión de las actuaciones jurisdiccionales que el Tribunal Supremo haya realizado en el ejercicio de su jurisdicción.

En relación con el President Carles Puigdemont y cuatro de sus consellers, las querellas les atribuían delitos de rebelión, sedición y contra la paz e independencia del Estado por la demanda civil que presentaron en Bélgica contra Pablo Llarena. Los hechos atribuidos a los querellados no pueden configurar, “ ni remotamente”, explica el auto de Tardón, los delitos que figuran en las querellas.

La juez ve un intento de desacreditar las actuaciones del juez Llarena

Lo que sí aprecia la juez es una “evidente intención” de los querellados, procesados en la causa del procés, de intentar desacreditar las actuaciones del juez Llarena y, “ al someterlas a la censura de la jurisdicción de un Estado extranjero, de poner en marcha una estrategia dirigida a soslayar y, en suma, a defraudar los instrumentos y garantías que establece el ordenamiento jurídico español para asegurar la independencia de su actuación jurisdiccional, vulnerando con ello la integridad e inmunidad de la jurisdicción española”, aunque ninguno de los hechos que se les atribuyen en las querellas puede tener encaje alguno en las conductas objetivas que castigan los preceptos enunciados.

Las querellas incluían además los delitos de falsedad documental o el de falso testimonio por la traducción incorrecta de unas declaraciones del juez Llarena que los querellados presentaron ante la justicia belga. Esas frases mal traducidas sí podrían encajar en el tipo penal porque evidencian, según Tardón, “ que existe una clara alteración de la traducción y que con ello se tergiversa el sentido de las declaraciones del Magistrado D. Pablo LLarena” y por consiguiente “ no puede descartarse, ab initio, que la actuación que sustenta esta imputación no incurra en alguno de los delitos de falsedad documental que se invocan”.

Posible delito de falsedad documental

El delito de falsedad documental sí sería competencia de la Audiencia Nacional porque habría sido cometido por españoles – los querellados- fuera del territorio nacional ( se consumó en Bélgica) y tendría el propósito de vulnerar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española, “ intentando someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero- que perjudicaría, directamente, al crédito o intereses del Estado”.

Pero la juez concluye que tampoco se puede perseguir esta conducta porque el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que este tipo de delitos solo serán perseguibles en España previa interposición de querella del agraviado o el Ministerio fiscal. Y en este caso el fiscal rechazó la existencia de dolo directo entre otras razones porque la traducción fue rectificada después, antes de que se citase a LLarena.

Los hechos atribuidos a los querellados no pueden configurar, “ ni remotamente”, los delitos que les imputan, dice la juez de la Audiencia Nacional

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