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Demoledor artículo del “The New Yorker” sobre la persistencia del Franquismo en el Estado español

El prestigioso semanario The New Yorker ha publicado un extenso reportaje, con testimonios en primera persona y algunas forografía, sobre las “heridas abiertas” que persisten en la sociedad española y el estado español décadas después del règimen de Francisco Franco.

El rotativo explica la persistencia del franquismo en el pueblo español y también en el estado haciendo referencia a que hasta el día de hoy muchos familiares de víctimas del franquismo siguen intentando por todos los medios que se haga justicia con los restos de sus allegados asesinados durante el franquismo.

Texto íntegro del artículo:

Spain’s Open Wounds (Las heridas abiertas de España)

Decades after Franco’s regime, the country’s citizens continue to unearth the crimes of the past. (Décadas después del régimen de Franco, los ciudadanos del país siguen desenterrando los crímenes del pasado). By Stephania Taladrid

Durante 37 años, María Martín López envió más de un centenar de cartas manuscritas a las autoridades españolas. Escribió al Rey Juan Carlos I y a su sucesor, a media docena de Presidentes del gobierno, a jueces del Tribunal Supremo español y a todos los “peces gordos” que se le ocurrieron. Las cartas, escritas en cursiva y con abundantes faltas de ortografía, contenían una única petición: el derecho a exhumar los restos de su madre, que permanecían en una fosa común desde 1936. Su padre, Mariano Martín, había luchado infatigablemente, hasta su fallecimiento, para conseguir que su esposa tuviera un entierro digno. “Te la llevarás cuando los cerdos vuelen”, le decían los franquistas. Sistemáticamente, María Martín López firmaba sus peticiones como “la mujer que espera que los cerdos vuelen”.

Martín de la Cruz, un labrador, conoció a Faustina López en Pedro Bernardo, un pueblo de la provincia de Ávila. Rodeado por un valle y varias sierras, Pedro Bernardo es conocido por sus bellas vistas sobre el río Tiétar. En septiembre de 1936, apenas dos meses después del golpe militar que propició el inicio de la Guerra Civil española, las tropas franquistas ocuparon la localidad. A los padres de Martín López no se les conocía actividad política, pero, en 1921, contrajeron matrimonio civil en Francia y “vulneraron” los preceptos católicos al negarse a volver a casarse ante la Iglesia en España. Martín de la Cruz se refugió en un pueblo al norte de Pedro Bernardo, pero los franquistas detuvieron a su esposa y a otras dos mujeres en la escuela para niñas de la localidad, les afeitaron la cabeza y las pasearon desnudas por todo el pueblo.

María Martín López tenía entonces seis años. El último recuerdo que tiene de la detención de su madre es el de su hermana mayor tratando de evitarlo y un miembro de la Guardia Civil apartándola con la culata de su fusil. Un día después, se encontraron los cadáveres de dos mujeres y cuatro hombres en un camino pròximo a su casa, junto a un riachuelo que desemboca en el Tiétar. Las dos hermanas fueron acogidas por una tía mientras esperaban el regreso de su padre, pero se vieron obligadas a “expiar” los pecados de su difunta madre. Durante varios años, los franquistas las “disciplinaron” obligándolas a ingerir seis pimientos y medio litro de aceite de ricino, un laxante extremadamente tóxico. De vez en cuando tenían que huir aterradas ante un gesto de degüello o las amenazas de algún guardia armado.

Durante todos esos años, María Martín López se negó a revelar ningún detalle sobre su tragedia, o sobre los asesinos de su madre, a pesar de que muchos de sus hijos eran compañeros suyos en la escuela. Sólo el silencio podía proteger a su familia de otra pérdida, pensaba. En 1939, con el final de la guerra y la victoria de las tropas franquistas, el asesinato de la madre de María Martín López, quedó relegado al olvido en algún capítulo cerrado de la Historia. Francisco Ferrándiz, antropólogo cultural del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha calificado el trato a las víctimas del franquismo como “apartheid funerario”, que se manifiesta en la más de dos mil fosas comunes diseminadas por toda España.

La historia de Maria Martín López – y la de muchas otras víctimas de la dictadura franquista – se ha reflejado en el documental “El silencio de los otros”, producido por Pedro Almodóvar y preseleccionado para la nominación a los premios Oscar. La idea del documental surgió cuando sus directores, Almudena Carracedo y Robert Bahar, conocieron la escandalosa historia de los miles de niños que fueron secuestrados durante el franquismo. El tema conmocionó fuertemente a Carracedo y Bahar, que acababan de ser padres, y se trasladaron a Madrid para trabajar en el proyecto. “Queríamos poner de relieve esta tragedia, porque, generalmente, se considera que se trata de hechos que pertenecen al pasado y que tenemos que olvidarlos para seguir adelante”, me dijo Carracedo. “Pero mucha gente está sufriendo porque no es posible olvidar, y nadie tiene derecho a obligarles a olvidar”.

La esperanza de recuperar la memoria histórica es, en muchos sentidos, una respuesta a la apropiación del pasado por parte de régimen franquista. Décadas después de la guerra civil se seguía enseñando a los niños que el golpe militar de 1936 estaba justificado; más tarde fue ganando terreno la tesis que ambas partes fueron igualmente responsables de las atrocidades de la guerra (el conflicto provocó unas 500.000 víctimas). Incluso hoy en día la memoria de los hechos es considerada “indeseable”, algo que incita al resentimiento y al dolor. Generalmente, los gobiernos españoles se han mantenido al margen de este debate, aunque Pedro Sánchez, líder del Psoe que fue nombrado Presidente del Gobierno el pasado mes de junio, se ha comprometido a rescatar la memoria de los vencidos. Hasta que lo haga, testimonios como los presentados en “El silencio de los otros” constituye un alegato contra la inacción. El documental plantea “una cuestión de derechos humanos”, me dijo Bahar, ¿Por qué motivo, en una democracia con 40 años de trayectoria, María Martín aún no puede recuperar los restos de su madre?.


Con la muerte de Franco, en 1975, los españoles pusieron punto y final a cuatro décadas de autoritarismo. En el periodo de transición que siguió, el país aceptó la idea que sólo “una pizarra limpia” podía evitar que se repitiera la tragedia. El resultado fue la Ley de Amnistía de 1977, que fue negociada por las facciones más moderadas del régimen y algunos partidos de la oposición democrática, y que dispuso que nadie respondería por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil o la dictadura. En las décadas posteriores, las leyes de amnistía se generalizaron en países que salían de dictaduras militares. La mayoría de esas leyes fueron derogadas, pero las autoridades españolas las han seguido defendiendo y manteniendo como uno de los pilares de la democracia.


María Martín López escribió su primera carta a las autoridades españolas cuando se promulgó la amnistía. Vivía con su esposo y sus tres hijos adolescentes un una población cercana a Pedro Bernardo, en la otra orilla del río Tiétar. Creyó que era el momento adecuado para solicitar la exhumación de los restos de su madre: habían transcurrido 40 años del asesinato de Faustina López y, tras la muerte de Franco, familiares de víctimas republicanas habían conseguido abrir fosas comunes en todo el país. Sin embargo pronto quedó muy claro que las autoridades españolas eludirían la responsabilidad de las exhumaciones. María Martín continuó escribiendo dos o tres cartas al año con la esperanza de obtener una respuesta.

María Martín López se sienta junto a la carretera que cubre la fosa común que contiene los restos de su madre.

En el año 2004, María Martín asistió a una exhumación masiva que tuvo lugar en la cercana localidad de Casavieja, allí conoció a Emilio Silva, cofundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Silva, un hombre de 53 años, incansable, pertenece a una generación que ha luchado intensamente contra el llamado “Pacto del Olvido” en España; su propio abuelo fue asesinado por un escuadrón de la muerte franquista. Silva alentó a María Martín a unirse a la A.R.H.M, que, junto a otras trece asociaciones de familiares de víctimas, presentarían una petición ante la Audiencia Nacional para que fueran investigados los asesinatos de ciento catorce mil persones entre 1936 y 1951.


En 2008, se abrió una investigación penal, la primera de este tipo a nivel nacional, que fue dirigida por el juez Baltasar Garzón, un magistrado que había adquirido notoriedad a finales de los 90 por intentar procesar al ex dictador chileno Augusto Pinochet. Garzón denunció el trágico pasado de su país, afirmando que “la impunidad ha sido la norma en el tratamiento de hechos que podrían calificarse como crímenes contra la humanidad”. La investigación provocó malestar y la Fiscalía argumentó que la justicia retroactiva no podía aplicarse a los delitos en cuestión. En poco menos de un mes, Garzón se veía obligado a abandonar el caso, e incluso fue procesado porque dos grupos de extrema derecha lo acusaron de vulnerar la Ley de Amnistía. En el caso contra Garzón, que se inició en 2009, fue el único en el que un alto tribunal español ha escuchado los testimonios de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.


María Martín, junto con decenas de peticionarios, declaró ante el Tribunal Supremo en el invierno de 2012. Parecía abrumada por las circunstancias, titubeaba, respiraba con dificultad y, a menudo, se frotaba los ojos. Varios minutos después de su testimonio, fue interrumpida por el juez que presidía el tribunal y regresó a su asiento. Se decidió a testificar ante el tribunal porque Garzón había escrito una respuesta inusualmente empática a una de sus cartas: “No podemos mirar hacia el futuro, a menos que lo hagamos sobre la base de un pasado conocido y sanado”. “Como mínimo, no podemos hacerlo con dignidad. Dignidad como la que usted representa, y que a muchos de nosotros nos falta”.

La exhumación, en Villamayor de los Montes, de cuarenta y cinco presos políticos que fueron ejecutados y enterrados en una fosa común en 1936 por los Franquistas.


Después del juicio, María Martín López comenzó a mantener correspondencia con Ana Messutti, una abogada argentina. Messutti representaba a varios demandantes que presentaron una demanda en un tribunal penal de Buenos Aires por delitos cometidos durante la dictadura franquista. Para María Martín la demanda argentina representaba una última oportunidad. Las dos mujeres se reunieron en casa de María para hablar de sus intentos para recuperar los restos de su madre. Lo más cerca que estuvo de conseguirlo fue en 1999, cuando se estaba construyendo una carretera junto a la fosa, y se había unido al hijo de otra víctima para solicitar la exhumación. Sin embargo, alguien presentó una solicitud ante un juez local instándole a que rechazara la petición. Era el hermano del hombre que junto a María intentaba recuperar los restos de su padre: se había casado con la hija de uno de los asesinos y no quería remover el pasado. El juez se abstuvo de iniciar el procedimiento y la construcción de la carretera avanzó. María Martín López tuvo que conformarse con depositar ramos de flores en las vallas de la carretera.


María Martín tenía previsto volver a encontrarse con Messutti durante el verano de 2014, pero falleció en julio. Messutti confiesa que lloró de impotencia, piensa que la demanda argentima es como un “gran barco transatlántico que cruza lentamente el océano”. Ahora, son ya 320 los demandantes, y se distinguen ocho tipos diferentes de víctimas, incluyendo algunas que sufrieron represión durante la dictadura. Chato Galante, un hombre de setenta años, fue detenido cuando tenía 20 años por oponerse al régimen de Franco. Pasó seis años en la cárcel y fue torturado sistemáticamente por un policía apodado “Billy el Niño” que ahora vive tranquilamente en Madrid. “Nos han dicho que no debemos reabrir viejas heridas”, me dijo Galante. “Pero, ¿cree usted que alguien se ha molestado en preguntarnos si realmente las heridas están cerradas?.


Un juez argentino, invocando el principio de jurisdicción universal que Garzón utilizó contra Pinochet, dictó varias órdenes de detención, que los tribunales españoles se negaron a ejecutar. Pero Messutti no pierde la esperanza. Considera que la demanda está sensibilizando sobre los crímenes franquistas fuera de España, y que, sobre todo, ofrece a las víctimas una via alternativa de justícia. Cuando María Martín López falleció, su hija, María de los Ángeles Martín, recuperó una bolsa blanca de ganchillo que contenía los certificados de las cartas de su madre y los mapas sobre la fosa que había dibujado. Copió las cartas y las llevó a la embajada de Argentina en Madrid. “Hay víctimas en ambos lados y dolor también en ambos lados”, me confesó. “ Pero los que ganaron la guerra pudieron enterrar dignamente a sus muertos, mientras que a los demás ni siquiera se nos permitió recogerlos. No estoy pidiendo nada que los del otro bando no hayan recibido”.


En el tercer piso de un edificio de color mostaza, a escasos metros del estadio Bernabeu de Madrid, se encuentra la sede de la Fundación Nacional Francisco Franco. Nada en el exterior sugiere una fortaleza franquista. Sin embargo, en su interior, la presencia del dictador es abrumadora, retratos enmarcados en oro, efigies, fotografías en blanco y negro, tapices, insignias militares y poemas en relieve. Juan Chicharro se hizo cargo de la Fundación el pasado mes de marzo. (En plena batalla, tal como él mismo lo expresa) Desde que Pedro Sánchez accedió al carto de Presidente, en junio, insiste que en la democracia española no puede haber lugar para el franquismo, se comprometió a reformar la Ley de Memoria Histórica de 2007, un texto que muchas asociaciones de víctimas consideran insuficiente, también tiene la intención de trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos; y está estudiando la ilegalización de la Fundación Franco.


En los últimos tiempos se está criticando duramente la glorificación de la figura del dictador por parte de la Fundación y sus vínculos con los gobiernos conservadores. Chicharro, que fue general del ejército español y ayudante del rey Juan Carlos I, insiste que la Fundación no tiene otro objetivo que defender la figura de Franco, así como “la verdad histórica” de España. En el centro de su argumento está la idea de que “tanto los vencedores como los vencidos tienen sus víctimas” “Mi abuela enviudó muy joven, mi madre quedó huérfana… mi padre perdió 3 hermanos y una hermana. Pero lo habíamos olvidado. Incluso diría que lo habíamos perdonado”, me dijo. Y después de una breve pausa, añadió: “Bueno, no sé si lo habíamos perdonado… pero lo cierto es que ya lo habíamos olvidado.”


En septiembre, el Parlamento español aprobó el plan para trasladar los restos de Franco, que se encuentran en el Valle de los Caídos, un espacio monumental que se encuentra a una hora de Madrid. El Gobierno intentó llegar a un acuerdo con la familia Franco para decidir la ubicación de la nueva sepultura. Pero los familiares del dictador han impugnado la decisión de Sánchez ante la Audiencia Nacional y argumentan que el único lugar donde se pueden ubicar los restos de Franco, fuera del Valle de los Caídos, es en la cripta que la familia posee en la Catedral de la Almudena, en el centro de Madrid.


La administración también está buscando formas para redefinir el mausoleo: “El Valle de los Caídos no puede ser considerado patrimonio nacional, porque una parte de la población no lo reconoce como propio”, me dijo José Guirao, Ministro de Cultura. El monumento fue construido por orden de Franco en 1940 y fueron utilizados como mano de obra miles de prisioneros republicanos. El proyecto fue concebido como un monumento a las víctimas de la guerra – allí permanecen los restos de al menos treinta y tres mil personas, pero están apilados en cámaras, inaccesibles para los visitantes, mientras que las tumbas de Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, están situadas en un lugar de honor. Esto no parece importar a Chicharro: “¿Qué mejor símbolo de reconciliación puede haber?”, dijo. “Los restos de gente de ambos bandos yacen allí, abrazados, bajo una cruz…”


El atractivo del monumento despierta opiniones contradictorias sobre el régimen franquista. En un domingo reciente, una larga fila de autobuses esperaba frente una valla de hierro forjado para pagar la entrada al recinto. Pasada la entrada, un camino boscoso atraviesa un antiguo campo de concentración hasta llegar al monumento, donde una cruz de piedra de 150 metros de altura se eleva sobre la explanada. El lugar, una de las fosas comunes más grandes de Europa, tiene un siniestro aspecto de normalidad. Cientos de personas se han reunido para celebrar la misa y tomar una copa o unas tapas en la cafetería. Los vendedores de loteria pasean por el recinto y los niños juegan entre las hileras de pinos. El Valle está gestionado por monjes benedictinos, que se han comprometido a mantener “el culto en todo su esplendor” y que recientemente han declarado que el Gobierno no podrá entrar en el recinto hasta que no haya llegado a un acuerdo con los familiares del dictador.


En el interior, en una basílica coronada por una cúpula de teselas doradas, puede verse una gran figura de Cristo sobre una cruz de enebro, que fue escogida personalmente por Franco. Los restos del dictador yacen en un lado de este altar. Decenas de personas se han reunido alrededor de la lápida, algunas se arrodillan para depositar ramos de flores, mientras que otras conversan en voz baja. Un grupo de adolescentes se ríen, uno de ellos levanta el dedo índice y captura el gesto con la cámara de su teléfono. Unos minutos más tarde, un hombre de unos 70 años, pide a otro que le haga una foto frente a la lápida. Sus padres, que eran campesinos, se habían trasladado a Madrid, a una casa subvencionada por el gobierno durante la dictadura. “Su exhumación debería decidirse mediante un referéndum”, afirma el hombre. “Pero sólo los mayores de 50 años deberían poder votar… no los mayores de 18”.


Junto a la lápida de Franco hay dos pequeñas capillas con un par de cruces sin adornos y con la leyenda “Caídos por Dios y por España – 1936-1939 – RIP” No se puede encontrar otra mención a las víctimas. La guía oficial, editada por la Oficina de Patrimonio Nacional, aporta escasos datos históricos sobre el monumento, se centra básicamente en su estética, que se debe a “Francisco Franco, Jefe del Estado Español desde la época de la Guerra Civil española (1936-1939) hasta su muerte”. Frente a una tienda de regalos, un representante de Patrimonio Nacional nos explica que el número de visitantes ha aumentado considerablemente desde junio, cuando se anunció la intención de trasladar los restos de Franco. Como todo el mundo, parecía dudar, sobre si era oportuno o no. “Un día, entraremos a trabajar y ya se lo habrán llevado”, dijo.


La hija de María Martín López, María de los Ángeles Martín, recorre este año Europa junto a Almudena Carracedo, la directora de documentales, para presentar “El silencio de los otros”. El fallecimiento de su madre se convirtió en la fuente del activismo de Martín. A sus 54 años recuerda que fue el tono de las cartas de su madre lo que le llevó a convertirse en una activista. “Todas las cartas terminan con un “Lamento mucho las molestias”, “Por favor, perdóneme si le he ofendido de alguna manera”, “No estoy buscando venganza”, me confesó.


Le duele en el alma pensar que su madre se veía a ella misma como una molestia. En casa, María Martín, guardaba silencio, una costumbre que marcó su infancia en Pedro Bernardo. Cuando empezó a colaborar con las asociaciones de víctimas se fue abriendo. “Tenía ganas de hablar de ello cada vez que nos pedía que la lleváramos a una ceremonia de exhumación, o cuando nos pedía que nos uniéramos a ella para depositar flores frescas en el lugar de la tumba de su madre”. “En esos pequeños momentos, nos contaba su historia”. Ana Martín López transmitió a su hija la misma carga que heredó de su padre. Es una carga que ha sido transmitida en España durante generaciones. Mientras los gobiernos permanecían al margen.


María de los Ángeles ya no quiere escribir más cartas. “Si la familia real, si nuestro Gobierno o nuestro Presidente no se hacen responsables, no no pueden serlo ¿adónde debemos ir?” Desde que se unió a la demanda argentina, sólo ha escrito una carta, dirigida a su madre, en el aniversario de su fallecimiento. Con voz temblorosa recuerda las palabras que pronunció en el cementerio frente a su familia: “Como escribiste tantas cartas, hoy te he escrito yo una. Ojalá pudiera decirte que he recuperado los restos de la abuela y que ahora puedes descansar junto a ella, pero lamentablemente no es así”. Y añadió: “Sin embargo, todavía estamos aquí. Veamos que puedo decirle el año que viene.”

The New Yorker
Stephania Taladrid

Traducción: Xavier Domènech

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