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Titular de un diario alemán: Una acusación “demencial” y “sin fundamento jurídico” contra los catalanes

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El diario alemán Heise.de(Telépolis) ha publicado un artículo en referencia a la situación de los presos políticos catalanes y las elevadas penas pedidas por la fiscalía española, el periodista Ralf Streck, muy informado sobre el conflicto catalán, explica desde su punto de vista algunas de las irregularidades en la causa catalana.

Texto íntegro del artículo:

“Verrückte” Strafanträge “ohne juristische Basis” gegen Katalanen (Una acusación “demencial” y “sin fundamento jurídico” contra los catalanes)

02. November 2018  Ralf Streck

El Ministerio Fiscal exige hasta 25 años para la “rebelión catalana” inventada por España

Se puede decir más alto pero no más claro. El abogado constitucionalista Español Joaquín Urías ha declarado: “ La fiscalía del Tribunal Supremo está arrojando gasolina al fuego”. El profesor Urías, catedrático de la Universidad de Sevilla ha publicado en su cuenta de Twitter que parece que la Fiscalía quiere alimentar el conflicto con Catalunya. “Exigir 25 años de cárcel para Junqueras, 17 para los “Jordis” y Carme Forcadell es absolutamente demencial. “Es una locura sin base legal alguna, sólo sirve para liberar el odio”.

Poco antes, la Fiscalía había hecho públicas ante la prensa sus peticiones de pena contra miembros del depuesto Gobierno catalán, los activistas Jordi Sánchez i Jordi Cuixart y la Presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. El vicepresidente Oriol Junqueras ha sido tratado con un ensañamiento especial. Como la “rebelión” inventada por España, no fue “comprada” por la Justícia belga ni la alemana, no pueden ensañarse con el supuesto jefe de la “rebelión” ni con otros “rebeldes”. Carles Puigdemont está exiliado en Bélgica y desde allí continúa su actividad política en completa libertad. Por tanto, la justícia española considera al líder de Esquerra Republicana (ERC) el máximo responsable de los hechos, un hecho completamente absurdo, tal como señalaron sus abogados defensores a Telépolis. El abogado Jaume Cuevillas también ha manifestado su indignación por el hecho que las acusaciones hayan sido presentadas ante la prensa, pero no serán entregadas a las respectivas defensas, como mínimo, hasta el próximo lunes.

La Fiscalía, a diferencia jueces de otros países europeos, está “comprando” el cuento de hadas” de la violencia al juez de instrucción Pablo Llarena. La rebelión requiere de un “levantamiento público violento y armado”. Diego López Garrido, el jurista del Psoe que redactó este artículo del Código Penal se inspiró en los acontecimientos de 23 de febrero de 1981, cuando la Guardia Civil fuertemente armada, asaltó el Congreso de los Diputados. A partir de este hecho, se configuró el delito de rebelión. El propio López Garrido ha afirmado en varias ocasiones que es una exageración considerar como rebelión el comportamiento de los políticos catalanes acusados. El Fiscal General nombrado por su partido parece ser que no piensa lo mismo.

La Fiscalía también está “fabricando” su propio relato de la violencia en el camino hacia la independència. La acusación afirma que “el plan de secesión preveía todos los medios necesarios para alcanzar el objetivo”. Dada la certeza que “el Estado no permitiría esta situación”, deduce que los independentistas hubiesen empleado “la violencia necesaria para alcanzar su objetivo criminal”.

Todo este relato, como en los cuentos de hadas del juez instructor Llarena, se basa en un argumento tramposo y falso. La independencia se declaró hace un año y no hubo ni la más mínima violencia para proclamar la República. Este es precisamente uno de los problemas que causan divergencias en el movimiento independentista, actualmente muy dividido en lo que se refiere a la implementación de la República. Nunca se ha considerado ni propuesto utilizar la fuerza aunque sea necesaria para alcanzar sus objetivos y sigue recurriendo a una estricta actitud pacífica y no violenta. Por tanto, se trata de una acusación basada en “suposiciones” en “hechos alternativos” y no en la realidad.

Este relato tramposo puede entenderse recurriendo a las palabras del profesor Urías, cuando afirma que la “independencia judicial” en España se guía más por el odio que por las disposiciones constitucionales. Además de los 25 años que se piden para Junqueras, se exige para los “ex consellers” penas de prisión de entre 16 y 18 años. Y para completar el absurdo, la ex presidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, que al igual que los Jordis, no tenía competencia alguna en las tareas de gobierno, pueda ser condenada a 17 años, un años más que, por ejemplo, el ex conseller d’Interior Joaquim Forn.

El Gobierno no ha llevado a cabo ningún gesto que facilitase el diálogo.

Como era de esperar, la Abogacía del Estado se ha desvinculado de la Fiscalía. El Gobierno socialista quiere que se vea como un gesto hacia los partidos catalanes. La Abogacía del Estado, no considera que se haya cometido el delito de rebelión, pero continúa aferrándose a la malversación de fondos y a la sedición, que también requiere violencia generalizada. La demanda es de “sólo” 12 años de prisión, aunque para Junqueras se pide una pena más alta: un año más que sus antiguos colega del Gobierno catalán. Sin embargo, el tribunal, podría imponer, sobre esta base, una pena de hasta 27 años de prisión, tres años menos que la pena máxima que puede imponerse para la rebelión.
Para Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, la Abogacia del Estado pide ocho años de cárcel por una supuesta sedición, al haber liderado el movimiento en la calle. La Presidenta del Parlamento se enfrenta a una petición de 10 años. Carme Forcadell, a diferencia de otros miembros de la Mesa del Parlament, tiene la responsabilidad de garantizar la tramitación en el Parlamento de las leyes necesarias. Para otros miembros de la Mesa, como Josep Nuet, de “En Comú Podem” (con quien los socialistas están trabajando estrechamente) sólo se exigen multas e inhabilitaciones. Nuet y Forcadell votaron a favor de la tramitación de leyes que no podrían haberse debatido ni tramitado sin una mayoría.

Es evidente que los gestos de la Fiscalía o de la Abogacia del Estado no son suficientes para facilitar un diálogo que pueda solucionar el conflicto. Por tanto, el Presidente Pedro Sánchez tendrá que buscar nuevos socios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Sánchez llegó al poder con el apoyo de los partidos catalanes. En vista de estos acontecimientos ya puede descontar sus votos para la aprobación del presupuesto. “El Gobierno ha pronunciado su veredicto” ha afirmado Pere Aragonés, Vicepresidente de la Generalitat de Catalunya. El líder de ERC deja bien claro que el apoyo ha terminado. Hasta ahora, ERC había esperado un gesto de Madrid para abrir el diálogo, hecho que había causado un malestar general en el movimiento independentista.

Algunos de los presos políticos ya han reaccionado. Jordi Cuixart ha asegurado que “quien piense que las elevadas peticiones de pena serán motivo para desanimarse y renunciar a nuestros derechos, no conoce a la sociedad catalana”. Jordi Turull ha escrito en Twitter que “utilizan un relato ficticio para conseguir un escarmiento a costa de quien sea i al margen del Código Penal. Nosotros seguimos con las convicciones intactas. A más injusticia, más compromiso. Ni desánimo ni resignación ni renuncias”.

Las convicciones siguen intactas.

Ralf Streck (Telepolis) 02.11.2018 Traducción Xavier Domènech

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